El 2,42% de la superficie rural pampeana pertenece a propietarios extranjeros. Atreucó encabeza el ranking por proporción, mientras que Loventué concentra la mayor cantidad de hectáreas. El debate cobró fuerza tras el proyecto de ley anunciado por Sergio Ziliotto y una decisión judicial sobre la normativa nacional.
La Pampa registra 345.811 hectáreas rurales bajo titularidad extranjera, equivalentes al 2,42% de su superficie rural, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales actualizados a agosto de 2025.
Los números muestran diferencias importantes entre los departamentos de la provincia. Atreucó tiene la mayor proporción de tierras en manos extranjeras, con el 7,44%, seguido por Loventué, con el 5,77%, y Quemú Quemú, con el 3,59%.
La información adquiere relevancia en medio del debate sobre la regulación de la propiedad rural, luego de que el gobernador Sergio Ziliotto anunciara el envío de un proyecto de ley provincial de Tierras Rurales a la Legislatura.
Atreucó y Loventué, los departamentos con mayor presencia extranjera
Atreucó registra 26.586 hectáreas rurales en manos extranjeras, sobre una superficie rural aproximada de 357.117 hectáreas. Esa relación lo ubica primero en términos porcentuales.
Loventué, por su parte, concentra la mayor extensión absoluta, con 53.277 hectáreas bajo titularidad extranjera, equivalentes al 5,77% de su superficie rural.
Detrás aparecen Quemú Quemú, con el 3,59%; Lihuel Calel, con el 3,49%; Utracán, con el 3,34%; Curacó, con el 3,26%; y Toay, con el 3,08%.
En el extremo opuesto, Trenel registra el menor porcentaje, con el 0,10%, seguido por Realicó, con el 0,16%, y Conhelo, con el 0,25%.
Aunque el promedio provincial se encuentra por debajo del nacional, que alcanza el 4,97%, los datos reflejan una distribución desigual de la propiedad extranjera en el territorio pampeano.
La discusión por la Ley de Tierras
El debate se reactivó tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley Nacional de Tierras Rurales.
La normativa, sancionada en 2011, estableció un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los departamentos, además de restricciones específicas para propietarios y nacionalidades.
La decisión judicial restableció provisoriamente ese marco regulatorio mientras continúa el trámite de la causa. No se trata de una resolución definitiva sobre la validez de la derogación.
En paralelo, el proyecto anunciado por Ziliotto deberá ingresar a la Legislatura pampeana, donde se conocerán sus alcances, los mecanismos de control previstos y su relación con la normativa nacional.
Una superficie que creció respecto de 2021
Los registros también permiten establecer una comparación con los datos difundidos en diciembre de 2021, cuando la superficie rural pampeana en manos extranjeras se estimaba en 340.780 hectáreas.
Con los datos actualizados a agosto de 2025, la cifra llegó a 345.811 hectáreas, una diferencia de 5.031 hectáreas entre ambos relevamientos. Sin embargo, esos números por sí solos no permiten determinar qué operaciones explican la variación.
Antecedentes periodísticos también vincularon la presencia de capitales extranjeros en algunas zonas de la provincia con el avance de la actividad agrícola. No obstante, las cifras generales de titularidad no permiten establecer por sí mismas qué actividades se desarrollan en cada campo ni quiénes concentran las propiedades.
El debate sobre la regulación provincial
El proyecto impulsado por el Gobierno pampeano abrirá una discusión sobre la propiedad rural, la protección de los recursos naturales y las herramientas de control que puede establecer la provincia.
Con más de 345 mil hectáreas en manos extranjeras, los datos oficiales aportan una referencia para el debate. Mientras Atreucó lidera en proporción y Loventué en cantidad de hectáreas, el alcance de las futuras regulaciones dependerá del tratamiento legislativo y de la evolución de la causa judicial nacional.
