11 octubre, 2026

El vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza en La Pampa ratificó que el Gobierno mantendrá el déficit cero y sostuvo que los mayores recursos para discapacidad deberán salir de otras partidas. También defendió el financiamiento universitario, pese a los reclamos del sector del que forma parte como docente de la UNLPam. El vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, volvió a respaldar la política económica de Javier Milei y aseguró que el Gobierno no modificará su objetivo de déficit cero, incluso frente a los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas y las prestaciones para personas con discapacidad. En una entrevista con el diario El Cronista, el economista responsabilizó al Congreso por el aumento de la pobreza durante el primer semestre de 2026 y cuestionó los proyectos legislativos que, según su interpretación, amenazaron el equilibrio de las cuentas públicas. Las declaraciones adquieren especial relevancia en La Pampa, donde Ravier también se desempeña como docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), una institución atravesada por reclamos presupuestarios y salariales. Déficit cero como prioridad Al ser consultado por el aumento de la pobreza, Ravier atribuyó el deterioro social a las tensiones políticas y a las iniciativas parlamentarias que plantearon mayores gastos para distintas áreas del Estado. «Un Congreso trató de romper el equilibrio fiscal, que es una piedra central de este modelo», afirmó. El funcionario reconoció que la pobreza, luego de haber descendido del 57% al 28%, volvió a subir al 32% durante el primer semestre de este año, según los datos que mencionó en la entrevista. También sostuvo que el aumento de la inflación y las variaciones del tipo de cambio estuvieron vinculados con la incertidumbre generada por las disputas entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En ese marco, expresó su expectativa de que una nueva desaceleración inflacionaria permita reducir los índices de pobreza. «Si sigue bajando, va a bajar la pobreza», aseguró. De esta manera, Ravier defendió la estrategia económica del Gobierno y volvió a colocar el equilibrio fiscal como condición central para la recuperación económica, sin atribuir el deterioro social a las consecuencias de las medidas implementadas por la administración nacional. Discapacidad: más recursos sin aumentar el gasto total El vocero también se refirió a la discusión por el financiamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y dejó en claro que el Gobierno no está dispuesto a abandonar el déficit cero. «Nosotros no vamos a tener déficit fiscal, ese es el punto central», sostuvo. Según explicó, cualquier incremento de los recursos destinados al sector deberá compensarse mediante una reasignación de partidas presupuestarias. «Si el gasto para personas con discapacidad fuera mayor, eventualmente, hay que hacer reasignación en el Presupuesto», señaló. Sin embargo, no precisó qué áreas del Estado podrían sufrir recortes para financiar esas prestaciones, una cuestión que quedaría sujeta a las decisiones presupuestarias. Ravier también reconoció que existen diferencias de opinión dentro del oficialismo sobre distintos temas, aunque aseguró que los integrantes del Gobierno mantienen el objetivo común de lograr la reelección de Milei. La UNLPam y el conflicto universitario La postura del funcionario también quedó expuesta al abordar el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, un tema que lo involucra directamente por su actividad docente en la UNLPam. Durante la entrevista, Ravier fue consultado sobre el fallo judicial que respaldó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó el decreto con el que el Gobierno había intentado frenar su implementación. El vocero afirmó que todavía se evaluaba la posibilidad de apelar la decisión judicial y defendió la política educativa de la administración libertaria. «Para este Gobierno, la educación universitaria es prioridad», aseguró. Como argumento, destacó que el Ejecutivo no cerró universidades, aunque el conflicto del sector se centra en los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones, las actividades académicas y científicas y los salarios de docentes y trabajadores no docentes. Ravier sostuvo que durante 2026 el Gobierno otorgó un aumento del 24% a los profesores universitarios y que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un incremento del 55% en los fondos destinados al sistema. No obstante, esos porcentajes, por sí solos, no permiten determinar si los aumentos compensan la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni si alcanzarán para cubrir las necesidades presupuestarias de las casas de estudio. Así, el referente libertario defendió el rumbo económico del Gobierno nacional mientras las universidades públicas continúan reclamando recursos para garantizar su funcionamiento. Menor crecimiento económico En otro tramo de la entrevista, Ravier reconoció que la actividad económica atraviesa una etapa de desaceleración y admitió que las proyecciones de crecimiento para 2026 son inferiores a las expectativas oficiales. El economista atribuyó parte de esta situación al contexto internacional, las tensiones en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las decisiones de política monetaria de Estados Unidos. «Tuvimos un trimestre negativo en este contexto internacional y eso desacelera un poquito la proyección de crecimiento», afirmó. En ese escenario, estimó que la economía argentina crecerá alrededor del 2% durante 2026, aunque reconoció que se trata de un resultado menor al esperado por el Gobierno. Pese a las dificultades, Ravier defendió el balance de la gestión de Milei y proyectó que la economía acumulará un crecimiento de entre el 15% y el 20% durante los cuatro años de mandato. Sus declaraciones ratifican la decisión del Gobierno nacional de sostener el ajuste fiscal como eje de su programa económico, aun frente a los cuestionamientos por la pobreza, el financiamiento de la discapacidad y la situación de las universidades públicas.

Un informe elaborado a partir de datos del INDEC advierte que el empleo informal continúa creciendo y afecta al 65,8% de los trabajadores por cuenta propia. En algunas ciudades del norte del país, la proporción supera el 85%. La informalidad laboral continúa en aumento en la Argentina y ya alcanza al 45% de los trabajadores, según un informe privado elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y procesados por la Universidad Nacional de Rosario. El relevamiento, correspondiente al segundo trimestre de 2026, refleja un deterioro de las condiciones laborales en comparación con fines de 2023, cuando la informalidad se ubicaba en el 41,4%. El fenómeno coincide con una expansión del cuentapropismo y una reducción de la participación de los trabajadores asalariados. De acuerdo con el estudio, los asalariados pasaron de representar el 73,7% de los ocupados al 70,5%, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentaron su participación del 22,6% al 25,5%. El cuentapropismo, entre la precariedad y la falta de derechos Uno de los datos más preocupantes del informe es que el 65,8% de los trabajadores independientes se desempeña en condiciones de informalidad. Esto implica que una parte importante de quienes trabajan por cuenta propia no cuenta con las garantías y protecciones asociadas al empleo registrado. Entre los asalariados, en tanto, el 37,9% no tiene aportes jubilatorios. La cifra representa un incremento respecto del 33,6% registrado a fines de 2016. El estudio también muestra que la informalidad afecta de manera desigual a las distintas actividades económicas. El servicio doméstico encabeza el listado, con una tasa del 77,4%, seguido por la construcción, con el 76,2%. La gastronomía y los servicios de alojamiento registran una informalidad del 63,9%, mientras que en el comercio alcanza al 54,7%. En el otro extremo, las actividades profesionales, científicas y técnicas presentan una tasa del 19,2%. En el sector de información y comunicación, el indicador llega al 33,9%. Las mayores tasas se concentran en el norte del país El análisis por regiones expone fuertes diferencias territoriales. Las cifras más elevadas de informalidad entre los cuentapropistas se registran en distintas ciudades del norte argentino. Formosa encabeza el listado, con el 87,9%, seguida por el Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%; Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5%; Gran Resistencia, con el 84%; y Gran San Juan, con el 83%. En cambio, los niveles más bajos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde la informalidad entre los trabajadores independientes alcanza al 32,8%. Le siguen Mar del Plata y Batán, con el 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, con el 43%; y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1%. Las diferencias también se observan en las tasas generales de informalidad. En la Patagonia, los valores regionales oscilan entre el 18% y el 33,5%, mientras que en el Noroeste se ubican entre el 43,9% y el 56,2%. En el Noreste, en tanto, fluctúan entre el 51,9% y el 53,8%. La brecha entre la Ciudad y el conurbano bonaerense El informe también identifica una marcada diferencia dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la informalidad total alcanza al 26% de los trabajadores. En el conurbano bonaerense, en cambio, trepa al 47,5%, impulsada principalmente por la precariedad entre los trabajadores independientes, que llega al 70,2%. Según el análisis, estas diferencias no dependen únicamente de la cantidad de personas que trabajan por cuenta propia, sino también de la estructura productiva, la productividad y el tamaño de las empresas de cada región. En zonas donde predominan actividades de mayor productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, la informalidad se ubica en el 26,4%. Por otra parte, la presencia del empleo público contribuye a moderar los indicadores en provincias como La Rioja y Catamarca, donde el trabajo estatal representa más de un tercio de los ocupados. Allí, la informalidad alcanza al 43,9% y al 45,1%, respectivamente. Los datos reflejan un mercado laboral atravesado por fuertes desigualdades, con una creciente participación del trabajo independiente y elevados niveles de informalidad en amplios sectores de la economía. La falta de registración y de aportes jubilatorios continúa siendo uno de los principales desafíos para garantizar condiciones laborales estables y acceso a derechos sociales.