En el Día Mundial contra la Pena de Muerte, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el aumento de las ejecuciones. El caso de una mujer que sobrevivió a un procedimiento de inyección letal en Estados Unidos volvió a poner en debate la aplicación del castigo capital.
Cada 10 de octubre, organizaciones de derechos humanos, juristas y colectivos de distintos países impulsan actividades para reclamar la abolición de la pena de muerte. La fecha, promovida desde 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, encuentra este año a la comunidad internacional frente a un escenario preocupante: el incremento de las ejecuciones en distintas regiones del mundo.
Según los datos de Amnistía Internacional citados en el informe, durante 2025 se registraron al menos 2.707 ejecuciones, un 78% más que las 1.518 contabilizadas en 2024. La cifra no incluye a China, donde se cree que las ejecuciones ascienden a miles, aunque el Gobierno no publica datos oficiales.
Se trata del número más alto registrado por la organización desde 1981. Además, una parte importante de las ejecuciones documentadas estuvo vinculada con delitos relacionados con drogas, una situación cuestionada por organismos de derechos humanos porque esas conductas no alcanzan, según el derecho internacional, el umbral de los delitos más graves que podrían justificar la pena capital.
Una ejecución fallida en Estados Unidos
El caso de Christa Pike volvió a poner el tema en el centro de la discusión. La mujer, de 50 años, sobrevivió al procedimiento de ejecución por inyección letal realizado en Tennessee el 30 de septiembre, después de que los funcionarios le administraran dos dosis de los fármacos previstos.
Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando ambas tenían 18 años. Su entonces novio también participó en el crimen, pero recibió una condena diferente debido a que era menor de edad en ese momento.
La ejecución estuvo precedida por una serie de recursos judiciales y por pedidos de organismos de Naciones Unidas para que se revisara la condena. Expertos internacionales habían advertido que las décadas de aislamiento en el corredor de la muerte podían constituir un trato cruel.
Durante el procedimiento, surgieron problemas con las vías intravenosas que, según la defensa, habrían impedido que los fármacos llegaran adecuadamente al torrente sanguíneo. La ejecución fue interrumpida y Pike fue trasladada a un hospital, donde recibió asistencia médica.
Posteriormente, su defensa informó que había recuperado la conciencia y comenzado a caminar con ayuda. También comunicó que la mujer desarrolló neumonía. El episodio generó cuestionamientos sobre el procedimiento y sus condiciones de aplicación.
Estados Unidos, entre los países que mantienen las ejecuciones
Estados Unidos continúa siendo uno de los pocos países occidentales que aplica regularmente la pena capital. En 2025 se registraron allí 47 ejecuciones, el número más alto desde 2009, de acuerdo con los datos citados en el informe.
La aplicación del castigo presenta diferencias entre los estados. Florida encabezó la lista nacional con 19 ejecuciones, mientras que otros territorios retomaron o ampliaron el uso de métodos alternativos a la inyección letal, como la asfixia con nitrógeno y el pelotón de fusilamiento.
El caso de Pike también expuso las controversias en torno a la eficacia y las garantías de los procedimientos utilizados por las autoridades penitenciarias.
Irán y Arabia Saudita concentran la mayoría de las ejecuciones
En el balance mundial, China, Irán y Arabia Saudita aparecen entre los países con mayor cantidad de ejecuciones. Amnistía Internacional estima que China mantiene un número de casos muy superior al que puede documentarse públicamente.
En 2025, la organización registró al menos 2.159 ejecuciones en Irán y 356 en Arabia Saudita. También informó ejecuciones en Yemen, Estados Unidos, Egipto, Kuwait y Singapur, entre otros países.
El informe atribuye parte del incremento global al endurecimiento de las políticas contra las drogas, especialmente en algunos países asiáticos. Además, señala que varios Estados retomaron las ejecuciones luego de períodos sin aplicar la pena capital.
La tendencia abolicionista continúa
Pese al aumento de las ejecuciones, la abolición de la pena de muerte sigue avanzando en el plano internacional. Cuando Amnistía Internacional inició su campaña contra el castigo capital, en 1977, solo 16 países lo habían eliminado para todos los delitos. A fines de 2025, esa cifra había ascendido a 113.
La contradicción entre el crecimiento de las ejecuciones en un grupo reducido de países y el avance de las políticas abolicionistas constituye uno de los principales ejes de la jornada del 10 de octubre.
Las organizaciones que promueven la fecha insisten en que la pena de muerte no debe ser una respuesta estatal frente al delito y reclaman que los gobiernos avancen hacia su eliminación definitiva.
