El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Ejecutivo nacional y el caso será revisado por la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, continúa vigente la medida judicial que exige actualizar salarios, becas y partidas para las universidades.
El juez federal Martín Cormick habilitó la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la decisión no suspende la medida cautelar vigente, que obliga al Ejecutivo a cumplir con distintos puntos de la normativa.
El magistrado, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, concedió el recurso y remitió la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma o revoca la resolución de primera instancia.
En su decisión, Cormick dejó en claro que continuará el trámite para exigir el cumplimiento de la cautelar. La medida establece que el Gobierno debe garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado el fallo al considerar que provoca “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y pone en riesgo el equilibrio fiscal.
En la presentación judicial, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley tendría un fuerte impacto sobre el presupuesto nacional y afirmó que no existe una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir los gastos que demanda.
Según el planteo oficial, los recursos deberían obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias, lo que —de acuerdo con el Gobierno— podría comprometer el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
Además, las autoridades reclamaron que la Ley de Financiamiento Universitario sea interpretada en conjunto con las leyes 24.156 y 27.798, vinculadas con la administración, autorización y ejecución del gasto público.
Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá analizar los argumentos del Ejecutivo. Hasta que se resuelva la cuestión, la cautelar que exige cumplir con las obligaciones establecidas para el sistema universitario continúa vigente.
