9 octubre, 2026

  La presentación judicial se realizó tras un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro durante 2025. La Justicia deberá investigar si hubo irregularidades y responsabilidades de los funcionarios. El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades en operaciones financieras relacionadas con el oro de las reservas internacionales. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtiera sobre resultados negativos por más de US$ 1.000 millones durante 2025. Según publicó El Destape, el escrito reclama investigar el manejo de esos recursos públicos y determinar quiénes fueron responsables de las decisiones. “Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”, sostuvo Dalbón en la presentación. Qué se busca investigar El denunciante pidió que se investigue a los tres funcionarios por posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que, si corresponde, se avance con citaciones a declaración indagatoria, allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y financieros, y levantamiento de secretos. Dalbón consideró que la magnitud de los hechos denunciados requiere una investigación “rápida, profunda e independiente”. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, y en la Fiscalía Federal N.º 11, encabezada por Gerardo Pollicita. Pérdidas por US$ 1.023 millones La presentación judicial toma como punto de partida los hallazgos de la AGN sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con esos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado resultados negativos por US$ 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones a valores de cierre. El monto se compone de US$ 960,2 millones en resultados negativos por opciones financieras y otros US$ 62,8 millones correspondientes al pago de primas. El escrito sostiene que será necesario establecer quién decidió, autorizó y diseñó las operaciones, con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su justificación económica y qué controles se aplicaron. También deberá determinarse si las decisiones provocaron un perjuicio patrimonial para el Estado argentino. La existencia de la denuncia no implica, por sí sola, que los funcionarios hayan cometido los delitos señalados.

El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Ejecutivo nacional y el caso será revisado por la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, continúa vigente la medida judicial que exige actualizar salarios, becas y partidas para las universidades. El juez federal Martín Cormick habilitó la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la decisión no suspende la medida cautelar vigente, que obliga al Ejecutivo a cumplir con distintos puntos de la normativa. El magistrado, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, concedió el recurso y remitió la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma o revoca la resolución de primera instancia. En su decisión, Cormick dejó en claro que continuará el trámite para exigir el cumplimiento de la cautelar. La medida establece que el Gobierno debe garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Los argumentos del Gobierno El Ministerio de Capital Humano había cuestionado el fallo al considerar que provoca “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y pone en riesgo el equilibrio fiscal. En la presentación judicial, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley tendría un fuerte impacto sobre el presupuesto nacional y afirmó que no existe una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir los gastos que demanda. Según el planteo oficial, los recursos deberían obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias, lo que —de acuerdo con el Gobierno— podría comprometer el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional. Además, las autoridades reclamaron que la Ley de Financiamiento Universitario sea interpretada en conjunto con las leyes 24.156 y 27.798, vinculadas con la administración, autorización y ejecución del gasto público. Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá analizar los argumentos del Ejecutivo. Hasta que se resuelva la cuestión, la cautelar que exige cumplir con las obligaciones establecidas para el sistema universitario continúa vigente.

El máximo tribunal dictó una medida cautelar provisoria sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, impulsado por Javier Milei. La decisión responde a un reclamo ambiental y regirá hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva los planteos pendientes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. La medida fue adoptada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó el impacto ambiental de la eliminación de esa normativa. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de protección cautelar. La Corte consideró necesario adoptar una medida provisoria para evitar posibles daños irreparables al ambiente y garantizar una respuesta judicial oportuna. El reclamo por la protección ambiental La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares presentaron una acción de amparo a fines de diciembre de 2023. En su planteo, sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 podía comprometer el derecho a un ambiente sano, reconocido por la Constitución Nacional, además de poner en riesgo la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. El expediente pasó por distintas instancias judiciales sin que se resolvieran los planteos centrales de la asociación. Ante esa situación, el máximo tribunal dispuso una protección provisoria mientras la Justicia competente analiza el caso. La diferencia con el reclamo del CECIM La decisión se conoce después de que la Corte rechazara, el 29 de septiembre, una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras por sus posibles efectos sobre la soberanía nacional. En aquel caso, el tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Ahora, la Corte distinguió ambos expedientes al señalar que la presentación de Árbol de Pie se centra en la protección ambiental. Rosenkrantz votó en contra El juez Carlos Rosenkrantz se opuso a la medida al considerar que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar en ese expediente. A su entender, correspondía remitir la causa a la Justicia Federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto. La mayoría, en cambio, resolvió mantener suspendida provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras hasta que se analicen los planteos pendientes. La decisión no define de manera definitiva la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, pero establece una protección judicial transitoria mientras continúa el proceso.