8 octubre, 2026

La Cámara Federal consideró inadmisibles las presentaciones de Máximo y Florencia Kirchner y de representantes de Hotesur y Los Sauces. De esta manera, continúa el trámite de ejecución patrimonial por un monto que ronda los $685.000 millones. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., contra una resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2, en el marco de la causa Vialidad. Los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner buscaban frenar el avance del incidente de ejecución patrimonial y de las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja relacionada con el decomiso. Por su parte, las empresas cuestionaron que se postergara su intervención respecto de bienes de su titularidad. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles las presentaciones al considerar que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni impide la continuidad del proceso. Además, señalaron que no se demostró la existencia de un perjuicio actual que no pudiera repararse posteriormente. El tribunal también sostuvo que las cuestiones planteadas todavía no fueron resueltas de manera definitiva y que deberán analizarse en la instancia procesal correspondiente. Con esta decisión, el proceso de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad continúa su curso. El monto actualizado de la medida ronda los $685.000 millones, mientras siguen pendientes las instancias judiciales vinculadas al caso.

El Episcopado volvió a cuestionar el impacto de las políticas de Javier Milei sobre jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables. Los reclamos toman fuerza mientras el Gobierno prepara la llegada del papa León XIV a la Argentina. La próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, puso nuevamente en primer plano la relación entre el Gobierno de Javier Milei y la Iglesia Católica. Mientras la administración libertaria trabaja junto a la Conferencia Episcopal Argentina en aspectos vinculados con la organización, la seguridad y la logística de la visita, desde la Iglesia mantienen sus cuestionamientos a las consecuencias sociales del ajuste y reclaman respuestas para los sectores más afectados. El Episcopado viene expresando preocupación por la situación de jubilados, trabajadores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, y advierte sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores como consecuencia de la pérdida de ingresos y el aumento del costo de vida. Uno de los referentes eclesiásticos que expresó con mayor dureza sus críticas fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien cuestionó el individualismo y reclamó mayor cercanía de los dirigentes con las necesidades de la población. En sus intervenciones públicas, García Cuerva también apuntó contra los discursos políticos que hablan de los sectores populares sin atender sus problemas cotidianos. Sus declaraciones marcaron una posición crítica dentro de la Iglesia frente a las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Reclamos por jubilaciones, medicamentos y asistencia La Conferencia Episcopal Argentina también manifestó su preocupación por la situación de los adultos mayores y por las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder a medicamentos y alimentos. En uno de sus últimos pronunciamientos, la Iglesia alertó que muchos jubilados deben afrontar una situación económica cada vez más compleja y cuestionó la falta de asistencia a comedores comunitarios. Los reclamos se suman a las advertencias sobre el impacto del ajuste en distintos sectores sociales, entre ellos las personas con discapacidad, que en los últimos meses protagonizaron movilizaciones y reclamos por las políticas del Gobierno. La visita del Papa, en medio de las diferencias La llegada de León XIV representa para el Gobierno un acontecimiento de fuerte relevancia institucional y política. El Papa aceptó la invitación realizada por Milei y permanecerá cuatro días en el país. La administración nacional busca que la visita se desarrolle en un marco de unidad y coordinación institucional. Sin embargo, el encuentro se producirá en un contexto en el que persisten diferencias entre el Gobierno y la Iglesia por el rumbo económico y el impacto social de sus políticas. Mientras avanzan los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, el Episcopado mantiene sus reclamos para que el Estado adopte medidas que permitan amortiguar el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables. La visita de León XIV, de esta manera, llegará en un escenario atravesado por una doble expectativa: el Gobierno apuesta a mostrar coordinación institucional, mientras la Iglesia continúa reclamando respuestas frente a las consecuencias sociales del ajuste.

El intendente de 25 de Mayo mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y planteó la situación del tramo más deteriorado de la ruta. Aseguró que hubo “una respuesta concreta”, aunque todavía no se anunciaron obras ni plazos. El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, viajó a Buenos Aires y mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno nacional para plantear distintos reclamos vinculados con la localidad. Entre los principales temas estuvo nuevamente la situación de la Ruta Nacional 151, cuyo deterioro genera preocupación entre vecinos, transportistas y autoridades de la región. Durante su estadía, Monsalve se reunió con el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y con el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier. Según informó el propio jefe comunal, durante esos encuentros planteó la necesidad de avanzar con una solución para el sector más deteriorado de la ruta, particularmente en las inmediaciones del Puente Dique. El intendente calificó las reuniones como “muy positivas” y aseguró que encontró predisposición por parte de los funcionarios nacionales. Sin embargo, por el momento no hubo anuncios concretos sobre el inicio de una obra, presupuesto o fecha de ejecución. “Se dieron pasos importantes para seguir avanzando hacia una solución de fondo”, sostuvo Monsalve, quien señaló que durante los próximos días continuarán las conversaciones entre autoridades nacionales y provinciales. Un reclamo que lleva años El estado de la Ruta Nacional 151 es uno de los principales reclamos de la comunidad de 25 de Mayo. El deterioro de la traza afecta especialmente a quienes utilizan diariamente el corredor y adquiere mayor relevancia por su conexión con la zona de Vaca Muerta y el movimiento vinculado a la actividad hidrocarburífera. En junio de 2025, el municipio había impulsado un banderazo sobre la ruta para visibilizar el reclamo y exigir obras de reparación. Ahora, Monsalve volvió a llevar el pedido ante funcionarios nacionales y aseguró que recibió una respuesta que permitiría continuar con las gestiones. “Haber podido llevar personalmente este reclamo, sostenerlo y encontrar hoy una respuesta concreta para continuar avanzando es una enorme satisfacción”, afirmó. También hubo reuniones por inversiones Además del reclamo por la Ruta 151, el intendente presentó ante Nación otros pedidos relacionados con obras y necesidades de infraestructura para 25 de Mayo. Durante su visita a Buenos Aires también mantuvo una reunión con representantes de Pecom, con quienes analizó posibles proyectos e inversiones vinculados a la localidad. Desde el municipio señalaron que las gestiones continuarán en los próximos días. Por ahora, los anuncios sobre eventuales obras o inversiones quedaron supeditados al avance de las conversaciones. Monsalve resumió su postura con una definición: “Los anuncios llegarán cuando corresponda; mientras tanto, nuestro trabajo es seguir abriendo puertas”.

El Ejecutivo concretó la venta del 90% de la empresa de agua y cloacas a un consorcio encabezado por Rowing y Transclor. La oferta ganadora quedó unos US$110 millones por debajo de las expectativas oficiales. El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de AySA y adjudicó el 90% de las acciones de la empresa al consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, que ofertó US$340,2 millones. La propuesta superó a la del grupo Roggio, que había ofrecido US$285 millones. Sin embargo, el monto obtenido quedó considerablemente por debajo de las expectativas del propio Gobierno. Economía calculaba recaudar alrededor de US$450 millones, por lo que la oferta ganadora terminó unos US$110 millones por debajo de esa estimación. La operación forma parte del programa de privatizaciones impulsado por Milei y alcanza al 90% de las acciones que permanecían en manos del Estado nacional. El proceso había sido habilitado por el Gobierno en el marco de la Ley Bases y las normas que declararon a AySA sujeta a privatización. Para justificar la operación, el Ejecutivo volvió a cuestionar la administración estatal de la compañía y sostuvo que AySA fue durante años un “modelo de disfunción administrativa”. También destacó las transferencias recibidas por la empresa y puso el foco en los niveles de cobertura y las pérdidas de agua. El nuevo concesionario, mientras tanto, asumirá compromisos de inversión. El Gobierno informó que el contrato contempla un plan de acción de $2,89 billones para 2027-2031, mientras que el consorcio ganador anunció inversiones por US$1.940 millones durante los primeros cinco años y US$15.040 millones durante los 30 años de concesión. La privatización alcanza a una empresa que presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 10% restante de las acciones continúa en manos de los trabajadores. Así, el Gobierno avanza con otra de las privatizaciones centrales de su programa económico, mientras el Estado se desprende de la mayoría accionaria de una empresa estratégica para la prestación de servicios básicos.