Una auditoría realizada sobre la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó importantes inconsistencias en los registros contables del organismo. El informe relevó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los montos de deuda informados por distintas áreas.
El análisis fue realizado por la intervención de la agencia y abarcó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, fecha cercana al desplazamiento de Spagnuolo. Entre los aspectos revisados estuvieron las deudas con proveedores y droguerías, los pagos realizados, las cajas chicas, los contratos, el personal, los equipos electrónicos y las declaraciones juradas.
De acuerdo con el informe, los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), área que tiene a su cargo programas como Incluir Salud. Esta última dependencia presentó el monto de deuda más elevado.
Los auditores también señalaron posibles inconsistencias en la información proporcionada por la DNASS. Desde esa dependencia explicaron que algunos importes y su clasificación podían haber sufrido modificaciones debido a errores involuntarios en la carga de datos realizada por los prestadores.
La situación se suma a una investigación judicial que analiza el funcionamiento de la DNASS y posibles irregularidades en los procesos de compra. La causa, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, investiga presuntas maniobras vinculadas con sobreprecios y eventuales pagos de coimas.
Cuestionamientos a los mecanismos de contratación
Otro de los puntos observados por la auditoría fue el uso del mecanismo denominado “legítimo abono”, mediante el cual se pueden reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente hayan pasado por los procedimientos habituales de contratación.
Según el informe, esta modalidad continuaba utilizándose al momento del relevamiento y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.
La auditoría tampoco pudo determinar con precisión cuáles fueron todos los pagos realizados mediante este mecanismo. Sin embargo, estableció que entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los proveedores de medicamentos e insumos recibieron alrededor de $479.504 millones.
Los datos forman parte de un relevamiento que puso bajo análisis la administración de la ex ANDIS y que podría aportar nuevos elementos a las investigaciones administrativas y judiciales en curso.
