La Justicia pampeana confirmó la condena a seis años de prisión contra un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa por abuso sexual con acceso carnal contra una compañera de trabajo. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en una oficina de la Estancia La Malvina, dependiente de la Dirección de Turismo municipal.
La decisión fue adoptada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), integrada por los jueces Mauricio Federico Piombi y María Paola Frigerio, que rechazó la apelación de la defensa y ratificó la sentencia dictada por el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
La denuncia y el proceso judicial
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la agresión ocurrió dentro de una oficina pública, cuando el acusado quedó a solas con la trabajadora. El episodio terminó con la llegada de la hija de la víctima, que golpeó la puerta y permitió que la mujer pudiera salir del lugar.
Tras lo sucedido, la empleada solicitó cambios de sector para evitar el contacto con el agresor. Sin embargo, la denuncia penal se formalizó años después, luego de que las nuevas autoridades municipales intervinieran y activaran los mecanismos de acompañamiento correspondientes.
Durante el juicio, una perito oficial señaló que el relato de la mujer se presentó de manera espontánea y coherente, y describió síntomas emocionales vinculados con el hecho denunciado. Su psicólogo tratante también declaró sobre la angustia que manifestó cuando le contó lo ocurrido.
La defensa solicitó revocar la condena y absolver al acusado. Entre sus argumentos, sostuvo que existían contradicciones en los relatos y cuestionó la credibilidad de la denunciante. No obstante, el Tribunal de Impugnación Penal rechazó el planteo y confirmó la pena.
El rol del municipio
El fallo también puso el foco en la respuesta institucional que recibió la trabajadora. Entre 2019 y 2023 se dispusieron cambios de lugar de trabajo, pero esas medidas no evitaron que ambos empleados continuaran vinculados al mismo ámbito laboral.
La situación cambió con la intervención de las autoridades municipales a partir de 2024. La Dirección de Turismo solicitó el traslado del condenado fuera del área, mientras que la Dirección de Políticas de Género y Diversidad brindó acompañamiento a la víctima, gestionó una licencia por violencia de género y derivó las actuaciones a la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo.
El caso llegó a la instancia judicial luego de que la trabajadora expusiera lo sucedido ante las autoridades comunales, incluido el intendente Luciano di Nápoli.
En su resolución, el tribunal destacó el recorrido que debió realizar la víctima por distintas dependencias y funcionarios para resguardar su integridad. Con la confirmación de la condena, quedó ratificada la pena de seis años de prisión impuesta al empleado municipal.
